LA DELINCUENCIA NO SE COMBATE SOLO CON LEYES

(El Comercio).- A once meses de finalizar el gobierno aprista, el ministro del Interior, Octavio Salazar, ha anunciado lo que parece ser la puesta en escena de una estrategia más de lucha contra la delincuencia común. Sin embargo, después de la errática política que ha caracterizado el sector que dirige, tenemos derecho a ser escépticos y a exigir que las medidas que se adopten no solo sean eficaces sino eficientes.Y es que garantizar la tranquilidad pública y erradicar la percepción de inseguridad que existe en Lima y en el resto del país exige aplicar una política de Estado que vaya más allá de aprobar leyes pendientes, alquilar algunos patrulleros o contar con mayores recursos para el patrullaje en la ciudad.

En realidad, se requiere eso y más. Como sostiene el especialista en seguridad Gabriel Prado: la salida es asumir la seguridad desde una visión global que convoque e involucre a todos los sectores de nuestra sociedad, desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, hasta las municipalidades y los ciudadanos organizados.

Por ejemplo, resulta pertinente que el Gobierno exija al Congreso de la República que apruebe de una vez por todas el reglamento de la ley que regula el funcionamiento de las empresas de vigilancia privada a fin de que contribuyan al orden y eventualmente, entre otras tareas, puedan hacer uso de sus armas en sus labores de resguardo. La misma norma establece que las instituciones públicas y privadas tienen que contratar a su propia seguridad a efectos de que los miembros policiales que venían cumpliendo esa función puedan dedicarse a cautelar la tranquilidad ciudadana, según ha explicado Octavio Salazar en entrevista con El Comercio.

Lo descabellado e irresponsable es pensar que esa medida será suficiente para garantizar la seguridad en establecimientos públicos y privados. Menos aun cuando no todas las empresas particulares de vigilancia son formales y están registradas. Si bien se estima que estas organizaciones aglutinan a más de 60 mil vigilantes, la mayoría son informales.

Para que sean efectivamente un aporte en la seguridad ciudadana tienen que ser empadronados, saber quién es quién y qué garantías ofrecen. Son muchas las denuncias de vecinos que, temerosos tal vez por la ausencia del resguardo policial, contratan a seudoempresas y seudovigilantes particulares que al final se coluden con los delincuentes.

Ad portas de una elección municipal, sería un error además que el Gobierno desperdicie la oportunidad de establecer vínculos con las municipalidades, pero con una visión diferente, con medidas para el corto, mediano y largo plazo.

Así, en lo inmediato, la meta debería ser consolidar canales de coordinación reales, con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el serenazgo, los servicios privados de vigilancia y también los vecinos organizados en rondas vecinales que merecen asesoría y apoyo para constituirse en parte importante de la solución del problema. Asimismo, aplicar una estrategia inteligente para proteger a los segmentos en mayor riesgo, ahora que según se asegura habrá una mayor presencia policial en las calles.